Transparencia en las Cuentas Públicas
En la actualidad, y dada la magnitud de servicios que prestan las distintas administraciones públicas, la correcta gestión de sus recursos se ha convertido en una auténtica prioridad. Ello toma una mayor magnitud si atendemos a los problemas de déficit que padecen la inmensa mayoría de las administraciones..
En estos tiempos la prioridad de nuestros gestores públicos ha de ser un riguroso control de la inversión y el gasto, y por tanto,un mayor control de la gestión económica.
Déficit, fraude, corrupción… son preocupaciones habituales entre la ciudadanía. El establecimiento de controles fuera del propio ente controlado, y por tanto ajenos e independientes se convierte cada vez más en una exigencia, tanto por la necesidad de control del gasto público, como por la propia ciudadanía y su inequívoca exigencia de mayor rigurosidad por parte de nuestros gestores.
Del qué y del cómo, trata la opinión que Daniel Faura, Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, ha accedido a brindarnos en el artículo que a continuación reproducimos. Gracias, Daniel.
Las cuentas públicas y el buen gobierno
El reto más inmediato que sin duda tienen en estos momentos nuestros gestores públicos es reducir con urgencia los déficits acumulados y la deuda comprometida. Justo ahora cuando el crecimiento económico se reduce y hace que los ingresos de las administraciones públicas sean limitados. Y esto en un momento donde crece entre la ciudadanía la exigencia de mejores servicios y en el que se constata que los continuados recortes de servicios básicos, además de injustos, son también un recurso agotado.
La preocupación por la magnitud de la deuda pública está presente en los círculos económicos y financieros de todo el mundo y, en la mayoría de países, lejos de mitigarse se va incrementando. Con independencia de ideologías o de acentos en la gestión, esta reducción de déficits sólo puede venir de la simplificación de la burocracia, de la reducción de costes de funcionamiento de los propios gobiernos y del impulso de la innovación.
El buen gobierno exige hoy, más que nunca, que los gestores públicos actúen con Transparencia real Click & Tweet! , lo que significa poner a disposición de los ciudadanos información útil, relevante y accesible. Un hecho que va mucho más allá de la simple publicación de datos en una página web y que debe convertirse en una auténtica rendición de cuentas sobre la naturaleza, el destino y el impacto social de los recursos gestionados. Desgraciadamente, no parece que en España las cosas vayan por este camino.
La Ley de Transparencia que se aprobó hace dos años, todavía no dispone de un reglamento que la desarrolle y establezca las sanciones correspondientes, lo que permite que, sin ninguna consecuencia, no se cumplan algunos de sus puntos fundamentales, como la obligación de publicar los contratos realizados por los servicios públicos. La ciudadanía vincula la transparencia y la rendición de cuentas con la lucha contra la corrupción. Click & Tweet! Desgraciadamente, el fraude, la corrupción y la falta de integridad en la gestión de instituciones públicas y privadas es hoy una realidad muy presente en nuestro entorno. La ética y los valores deben tener siempre una posición indiscutiblemente relevante en la agenda permanente de la nueva gestión, esto implica establecer controles internos y externos que aseguren su cumplimiento.
La falta de recursos económicos y humanos en los organismos responsables de controlar las cuentas públicas parece una situación difícil de mejorar a corto plazo. Las alianzas de estos órganos con las corporaciones profesionales y la potenciación de la colaboración con los auditores independientes contribuirían sin duda a lograr el pleno cumplimiento de su función ya la efectividad de la tan necesaria y exigible transparencia en beneficio del interés público.
De ahí la necesidad de una Ley de Auditorías Públicas, largamente prometida por algunos partidos, pero que nunca se ha llegado a concretar. Hoy casi ningún municipio de más de 50.000 habitantes se somete a auditorías externas. La única excepción -desde hace más de veinte años- es el Ayuntamiento de Barcelona. La falta de auditorías públicas municipales no se produce en otros países europeos donde consideran que los recursos destinados a estas auditorías suponen una inversión social, al disponer de una información fiable y fortalecer los sistemas de prevención tan necesarios en entornos en los que destaca su vulnerabilidad.
Aunque la función principal de la auditoría no es detectar el fraude, un control adecuado de los recursos públicos y una política real de transparencia con verificaciones hechas por profesionales independientes dificultarían su comisión en gran manera.
Daniel Faura Llimós
